Richmond y Concord

Por José Luis Aguirre
El Heraldo Católico

Parecía un viernes como cualquier otro. Juan (nombre ficticio para proteger su identidad) salió a las 6:00 de la mañana en su bicicleta rumbo a su trabajo en la ciudad de Richmond; durante el recorrido fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los uniformados se identificaron como policías y le preguntaron si conocía a las personas que vivían en el inmueble en el que se encontraban; después le dijeron que eran agentes de inmigración y le pidieron documentos. Juan se asustó e intentó huir pero fue inútil. Lo arrestaron y al siguiente día fue deportado a México.

La historia la dio a conocer su sobrina, una ciudadana estadounidense quien prefirió no ser identificada, durante una conferencia de prensa organizada a finales de enero por CCISCO (Contra Costa Interfaith Supporting Community Organization). Allí se denunciaron las redadas ocurridas en Richmond, incluyendo la del 12 de enero en la que Juan y otros 11 inmigrantes fueron detenidos por agentes de ICE.

Santuario para inmigrantes

El concejo municipal de Richmond respondió a las redadas con una resolución unánime el 6 de febrero, para pedir un cese al arresto de indocumentados, hasta que el Departamento de Seguridad Interna y el ICE lleguen a un acuerdo sobre una reforma migratoria justa y completa. El texto de la resolución sugiere que “el debate sobre esta reforma pueda ser llevado a cabo de buena fe y no en un ambiente cargado de miedo, represión e intimidación”.

Los concejales también pidieron que se agilice el otorgamiento de visas de reunificación familiar y que se les ofrezca a los trabajadores y estudiantes indocumentados una vía hacia la residencia permanente.

El documento fue enviado al secretario de seguridad interna, Michael Chertoff y a las senadoras Dianne Feinstein y Barbara Boxer y al congresista George Miller.

Localmente, el concejo les ordenó a los oficiales y empleados de Richmond no informar, asistir o cooperar con agentes de inmigración sin la específica autorización del administrador de la ciudad o del jefe de la policía.

La ciudad de Richmond además le pide a los oficiales de ICE que se identifiquen como agentes de inmigración y que no den la impresión engañosa de ser policías de esa ciudad.

La concejal Myrna López, una de las impulsoras de esta iniciativa, sotiene que las redadas violan los derechos humanos y han impactado negativamente a la comunidad.

“Estamos dándole voz a la comunidad latina, le queremos decir al gobierno federal que sus actos nos están afectando social y económicamente, porque ya nadie quiere salir de sus casas por temor a ser deportado”, dijo.

Agregó que los operativos de inmigración también afectaron la relación que han intentado construir por años entre la policía y los residentes de la ciudad para combatir el crimen.

“Si los oficiales de inmigración se hacen pasar por agentes de policía de Richmond, la gente no va a querer cooperar con las autoridades locales”, señaló.

Los padres Ramiro Flores, de la parroquia de San Marcos y Filiberto Barrera, de San Cornelio, han abogado por los inmigrantes y están ofreciendo apoyo espiritual para las familias afectadas por la deportación.

Los residentes de Richmond, en donde una de cada cuatro personas es inmigrante, celebraron la decisión del concejo.

“Esta es la puerta para que muchas ciudades a lo largo del estado, y porqué no, de la nación, reafirmen que los inmigrantes somos parte importante de esta sociedad” dijo Ricardo Fonseca, “que hacemos grande este país y que no somos unos intrusos, sino que venimos a trabajar” añadió.

Concord también protesta

Siguiendo los pasos de Richmond, feligreses de la parroquia de San Francisco de Asís en Concord y de otras congregaciones realizaron un foro comunitario sobre las redadas y pidieron a los funcionarios de la ciudad apoyo para poner fin a las acciones de ICE.

Más de 500 personas asistieron al evento, incluyendo el Vicealcalde Bill Shinn, el concejal Michael Chávez, representantes del departamento de policía y Bárbara Johnson de la oficina del congresista George Miller, quienes se comprometieron a enviar cartas al congreso para denunciar las redadas.

“Están generando mucho miedo en la gente y hasta tenemos testimonios de abuso de poder”, dijo el padre Hugo Hernández, párroco de San Francisco de Asís, quien afirma que todos deben cumplir la ley, pero no como los oficiales del ICE lo están haciendo.

Hasta la fecha, la organización LULAC (League of United Latin American Citizens, en inglés) ha reportado más de 37 casos de abuso de poder en la ciudad de Concord.

“Mi esposo fue detenido mientras esperaba en su camioneta a su compañero de trabajo”, dijo una de las asistentes al foro, quien prefirió no revelar su identidad. “No sabía donde estaba, no sabía a donde llamar para encontrarlo. Cuando él finalmente llamó ya le habían dado la orden de deportación. Yo estaba furiosa con él, le pregunté porqué había firmado ese documento y me dijo que yo no sabía como los trataban allá”.

Otra feligrés recalcó que aunque su hijo es ciudadanos estadounidense, por el color de su piel “siempre lleva su pasaporte, así sólo vaya a la tienda”.

Continuarán operativos

La portavoz de ICE, Lori Haley, le dijo a El Heraldo Católico que su agencia ha triplicado el número de equipos que van tras fugitivos de inmigración y que para finales de este año esperan tener 75 equipos en todo el país.

“Esta operación no es aleatoria, nosotros vamos tras personas que sabemos donde están, que han cometido algún crimen o que tienen orden de deportación; pero si durante la operación los agentes encuentran a otras personas sin documentos, ellos también serán deportados porque están violando las leyes de inmigración de este país” dijo Haley.

Según estadísticas de ICE, desde el primero de octubre del año pasado al 19 de enero de 2007, 239 inmigrantes (no criminales) fueron arrestados en el Área de la Bahía y 135 de ellos fueron deportados.

Sus derechos frente a “la migra”