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Sheila
Chung, administradora proderechos de inmigrantes, promueve a San Francisco
como ciudad santuario.
Foto: Diana Otero
Quienes viven en San Francisco, sin importar su estado migratorio, obtendrán un documento para acceder a los servicios de la ciudad.
Por José Luis Aguirre
El Heraldo Católico
Para asegurar que todos los servicios de la ciudad están disponibles para quienes viven en San Francisco, en noviembre del año pasado fue aprobada la emisión de una tarjeta de identificación municipal, medida presentada por el supervisor Tom Amiano.
Este documento, que se espera para octubre de este año, tendrá datos como nombre, foto, fecha de nacimiento y dirección del portador, así como la fecha de emisión y expiración de la tarjeta.
“Sabemos que la tarjeta municipal no reemplaza la licencia de conducir pero con ésta queremos asegurarnos que la persona, especialmente los indocumentados, se sientan cómodos accediendo a los diferentes servicios de la comunidad”, dijo Sheila Chung, administradora proderechos de inmigrates de la oficina del administrador de la ciudad de San Francisco.
Actualmente, el gobierno municipal está trabajando para crear relaciones con bibliotecas, restaurantes y otras entidades como los bancos para que acepten la tarjeta municipal como forma de identificación. El costo de la tarjeta será de 15 dólares para adultos y 5 dólares para niños.
Apoyo de dos décadas
La ley de santuario en San Francisco fue aprobada en 1989 después de que un sinnúmero de inmigrantes llegó a este país, producto de las guerras civiles en Centro América. Fueron las iglesias las primeras en convertirse en santuario para los inmigrantes, ejemplo que imitaron algunos gobiernos municipales.
Y aunque la ley ha estado en vigencia desde entonces, según Sheila Chung, no se había creado un sistema en el cual los diferentes departamentos municipales unieran esfuerzos para ponerla en marcha.
Tras el aumento de las redadas de inmigración en los últimos dos años, el alcalde Gavin Newsom firmó una ley ejecutiva para implementar la ley de santuario en la que se promulga que ningún empleado de la ciudad de San Francisco puede compartir información sobre el estatus migratorio de algún residente de la ciudad; aunque hay excepciones para quienes tienen antecedentes penales y son solicitados por las autoridades federales.
Este año, el gobierno municipal lanzó una campaña pública de 83 mil dólares para hacer panfletos, anuncios en radio y televisión, especialmente en comunidades latinas y chinas, sobre los beneficios de esta ley.
“Es importante que las familias sepan que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela sin importar su estatus migratorio, que cuando van a las clínicas públicas tienen derecho a ser atendidos y aunque les pueden pedir información sobre su estatus solo es para determinar si califican para un programa o no pero no para compartirlo con inmigración”, señaló Chung.
De acuerdo con estadísticas de la ciudad, los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, acceden a los servicios de salud a un nivel más bajo que la población en general. “Para que todos estemos en una comunidad sana tenemos que tener acceso a estos servicios”, recalcó Chung.
La seguridad también fue determinante a la hora de implementar la ley. “Queremos que los inmigrantes indocumentados se sientan como dos llamando a la policía si hay un caso de violencia doméstica, por ejemplo, o una emergencia pues la policía está para protegerlos y servirles y no para pedirles su estatus migratorio”, afirmó la administradora proderechos de inmigrantes.