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Se estima que el 75% de los barrios de Contra Costa con la mayor tasa de embargos son los que tienen una población predominantemente latina.
Por Gerald Korson
The Catholic Voice
Una campaña a nivel nacional con bases populares, dirigida a ayudar a millones de familias para evitar que pierdan sus viviendas en juicios hipotecarios ha ganado fuerza en el Este de la Bahía.
Más de mil personas, entre ellas decenas de propietarios de casas, se reunieron con representantes de los bancos y el gobierno a finales de octubre en la iglesia del Santo Rosario en Antioch, para buscar soluciones a la crisis hipotecaria.
Patrocinado por la Red Nacional Pico y la Organización Interreligiosa de Apoyo a la Comunidad en Contra Costa (CCISCO, por sus siglas en inglés) la campaña hace un llamado a los prestamistas para que ayuden a las familias que están luchando por conservar sus hogares y que buscan reestructurar sus hipotecas para lograr unos pagos mensuales más cómodos.
Más de 20 afiliadas en todo el país de la red nacional Pico también participaron en el evento gracias a la transmisión por Internet; convirtiéndola en la reunión más grande de ciudadanos a causa de la crisis hipotecaria.
“El principio básico es que prestamistas y deudores se sienten a la misma mesa con un énfasis en mantener a las familias en su hogar, modificando los préstamos de tal manera que sean económicamente viables”, aseguró Adam Kruggel, director ejecutivo de CCISCO.
Acciones solidarias
La del Santo Rosario es una de varias parroquias Católicas entre las 20 iglesias del área que hacen parte de CCISCO. Cada congregación tiene grupos que se reúnen regularmente para identificar y priorizar los asuntos que afectan a la comunidad y desarrollar estrategias para manejarlos.
La mayor parte de las familias que enfrentan embargos son víctimas de préstamos “sub principales” y de hipotecas de tarifas ajustables (ARMs en inglés), que comienzan con un bajo pago mensual que se incrementa gradualmente o se eleva drásticamente después de unos pocos años. A menudo los nuevos pagos alcanzan el 50 por ciento o más del ingreso mensual del propietario de la vivienda.
Esta experiencia la vivió Orlando Piedrahita el año pasado cuando no pudo pagar más la hipoteca de su casa en Concord debido a que la cuota mensual subía con frecuencia. “Tratamos de aguantar lo que más pudimos haciendo los pagos de la casa, pero nos fue imposible continuar. Es muy triste perder todo el dinero que habíamos invertido en la propiedad”, recuerda.
Los Piedrahita habían comprado su casa por 420 mil dólares en el 2005 y actualmente la propiedad tiene un valor de 310 mil dólares. Orlando, su esposa y sus dos hijas alquilan un apartamento en la misma ciudad.
Contra Costa es el condado del Área de la Bahía que tiene la mayor tasa de embargos. Según Catherine Kutsuris, directora del Departamento de Conservación y Desarrollo, hay 10 mil casas en Contra Costa que son propiedad de los bancos y otras 8 mil que están en una instancia del proceso de embargo.
De acuerdo con el informe “A Snapshot of Foreclosure in Contra Costa County” realizado por el centro para la innovación comunitaria de la Universidad de California en Berkeley, el 75 por ciento de los barrios de Contra Costa que han tenido una tasa mayor de embargos son los que tienen una población predominantemente latina.
A finales de septiembre se registraron 3,829 embargos en Antioch; es decir que una de cada 18 casas está afectada principalmente en barrios donde viven en su mayoría familias latinas. En Richmond una de cada 25 casas está embargada.
Proponen alternativa
En agosto de este año, IndyMac envió cartas a 10 mil deudores morosos ofreciendo una nueva hipoteca con una tasa de interés más baja y un pago mensual reducido. Muchos han aceptado estas ofertas, con lo cual han reducido los pagos mensuales en promedio unos $430, según un informe de PICO.
El plan representa una extraordinaria situación ganar-ganar tanto para los deudores como para los prestamistas, dijo Kruggel, ahorrándole a los inversionistas 87 centavos por dólar por cada embargo que es prevenido, a cambio de solo 23 centavos que recuperan cuando los deudores dejan de hacer sus pagos. “Los inversionistas y los prestamistas aún recibirán un reembolso de su inversión y además las familias se ahorrarán una enorme dificultad”, aseguró.
Aproximadamente 2,1 millones de familias afrontarán embargos hipotecarios al final de 2009, según el Centro para Préstamos Responsables, mientras que la firma financiera Credit Suisse dice que 6,5 millones de familias que tienen ARMs podrían perder sus casas dentro de los próximos cinco años. El 28 por ciento de todas las ejecuciones este año han sido en California. Y en algunos vecindarios de Antioch y Richmond hasta el 35 por ciento de las casas de familia han sido embargadas y abandonadas.
En un acuerdo con 10 fiscales generales del estado, Bank of America ha dicho que buscaría renegociar las condiciones con cerca de 400 mil deudores que en este momento tienen problemas con sus hipotecas y 125 mil de ellos son residentes de California.
Unos pocos prestamistas han modificado sus condiciones de manera voluntaria, en una base caso por caso. Y aunque Kruggel aplaudió tales esfuerzos, “no están siendo puestos en práctica en una escala lo suficientemente grande para tener un impacto significativo,” afirmó.
También resaltó que las modificaciones de los préstamos benefician a la comunidad en general. Un mayor número de casas desocupadas invitan al vandalismo y otros crímenes que además se reflejan en una disminución de los valores de las propiedades.
La crisis hipotecaria es “la clase de capitalismo que se desboca y conduce a los peores excesos y abusos de los mercados financieros”, afirmó Kruggel. “Las familias son el centro de nuestras comunidades y de nuestra economía, y hemos visto a demasiadas familias explotadas por los préstamos subprincipales. Tenemos que reconocer que se han cometido errores, que una cantidad abrumadora de avaricia ha guiado esta crisis y que se deben modificar estos préstamos tan pronto como sea posible”.
“Esto es literalmente no sólo un imperativo moral, sino una necesidad económica”, concluyó Kruggel..